Palabras a la brasa

Tras el triunfo del PP en las elecciones de 1996, la base de clientes de Gescartera se amplía de forma espectacular: asociaciones religiosas, arzobispados, empresas públicas. La derecha tradicional, ahora en el poder, ofrece muchas posibilidades.

Huérfanos de la Guardia Civil, Armada española, Subsecretarios de Estado, jugadores del Real Madrid, toreros, arzobispos, policías nacionales, la ONCE, el Ministerio de Defensa y numerosos inversores, en su mayoría del sector inmobiliario, confiaron su dinero a cambio de una rentabilidad superior a la que el mercado ofrecía al resto de ciudadanos. Algunos ahorradores depositaron el dinero en metálico, en maletines. Todos ellos sabían que su dinero se movía en sectores de alto riesgo y que generaba por ello buenas plusvalías.

Los empresarios del juego relacionados registralmente con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, salvan su inversión, al igual que los arzobispos de Burgos y Valladolid y la propia ONCE, que recupera 540 millones de los mil invertidos.

El ministro de Agricultura figura como vocal en dos sociedades que habían sido dirigidas por uno de los principales inversores de Gescartera, Cristóbal Serrán Pagán, y ahora en manos de su hermano Pedro. La inversión fue retirada semanas antes de que estallara el escándalo, gracias a una filtración.

Es un escándalo político y financiero que afecta a la responsabilidad política del PP, porque esos delincuentes económicos no hubieran podido perpetrar sus manejos con holgura y comodidad si no hubieran encontrado el arropamiento que le prestaba la cobertura política del área económica del Gobierno, y en particular la Secretaría de Estado de Hacienda que regentaba el hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez-Reyna.

Personas vinculadas al PP han maniobrado para enriquecerse a partir de posiciones de poder y de autoridad que les han sido concedidas por el PP y bajo su responsabilidad, y han inducido y manejado los resortes del poder para que negocios vinculados al PP fuesen negocios prósperos.

El ex Secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera, negoció con la Iglesia en 1999 el convenio para los profesores de religión -que resultó muy favorable para esta institución-; de ahí las millonarias inversiones de la Iglesia en lo que se convirtió en una de las múltiples agencias de estafas del Partido Popular.

Dicho convenio supuso que el Estado se hiciera cargo del pago de todos los profesores de religión -unos 13.000-, con un coste presupuestario de unos 180 millones de euros (30.000 millones de pesetas), sin ninguna contrapartida para el Estado.

Luis Ramallo, ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ex diputado del PP, fue uno de los mayores críticos desde la oposición durante la época de corrupción del PSOE. Actuó como notario de Gescartera en varias ocasiones y fue intermediario en una posible venta de la agencia antes de ser intervenida. Recibió regalos millonarios de la agencia. Ha reconocido que captó clientes para la red.

El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y Jaime García Morey, ex cantante e imputado en el caso Gescartera, coincidieron el 14 de junio, un día antes de la intervención de la agencia de valores, en la inauguración del centro Vialia de la estación de Renfe en Salamanca.

Aznar se curó en salud al sugerir que, si alguien del PP o del Gobierno ha cometido irregularidades, lo ha hecho a título individual y no por su pertenencia al partido. A su juicio, ahí está la diferencia entre el PP y el PSOE: "Cualquier comparación con el pasado es nítida". Desde luego, gana el PP por goleada. Gescartera es sólo un pequeño ejemplo.

En Gescartera había una agencia legal con clientes de a pie, que es la que aparece en la lista publicada, y una ilegal de blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas, cuyos nombres obviamente no figuran en lista oficial alguna.

En la lista de clientes ilegal, según fuentes próximas a Camacho, el principal imputado, se encontrarían políticos, ministros, fundaciones ligadas a partidos y reputados periodistas económicos.

La policía investiga la entrada ilícita de dos policías en la sede de Gescartera después de que los despachos fueran precintados por la juez Teresa Palacios. Se trata de la segunda entrada ilícita en la sede de la entidad desde que Gescartera fue intervenida por la Administración.

El delegado de la agencia de valores Gescartera en Valladolid, Javier Valenzuela, alertó al arzobispado de Valladolid para que retirara su dinero de la sociedad, en torno a los 1.000 millones de pesetas. Javier Valenzuela fue alto cargo del Gobierno regional de Castilla y León tanto bajo la presidencia de José María Aznar como bajo la de sus sucesores Jesús Posada -ahora ministro de Administraciones Públicas- y Juan José Lucas (actualmente ministro de la Presidencia). Valenzuela, además, ya ha estado implicado en varios escándalos. Fue condenado por el Supremo por el llamado caso de la minería, que obligó a dimitir al vicepresidente de la Junta de Castilla y León tras conocerse que este Gobierno subvencionó a empresas de su mujer que no pertenecían al sector minero. A pesar de esta condena, siguió ocupando cargos en empresas públicas controladas por el PP. Valenzuela también arrastra otra sentencia de un juzgado de Las Palmas por irregularidades urbanísticas.

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente; el ex vicepresidente, Luis Ramallo; y el secretario del Consejo de este organismo, Antonio Alonso Ureba, paralizaron en 1999 un informe del director de Supervisión, David Vives, que reclamaba intervenir con "medidas radicales" en Gescartera ante las graves irregularidades detectadas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se deshizo el 22 de agosto de 2001 en elogios hacia la persona y el comportamiento del ex secretario de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, y señaló estar casi seguro de que la Administración no ha tenido nada que ver con Gescartera y que no consta que esta agencia canalizara dinero negro.

La diputada del PP Mercedes de la Merced aseguró que Giménez-Reyna acudirá a declarar a "petición propia" a la comisión parlamentaria que se creará para este caso, e insistió en que el ex alto cargo "no ha tenido nada que ver con Gescartera".

Me llevé una gran alegría al leer en "El País" del 11 de agosto un titular que decía: "Luis Ramallo aceptó regalos millonarios del dueño de Gescartera tras dejar la CNMV". Voy a contar una pequeña historia. Yo tenía una gran amiga, mujer de gran talento, que un día fue nombrada directora general de RTVE y se llevó un gran susto. Pilar Miró era una mujer discreta, muy tímida, sin grandes aptitudes para vivir en sociedad. Vestía siempre un par de viejos jeans y un "pull" negro, con agujeros en los codos. Doy fe de que no tenía gran cosa más.

De repente se vio abocada a honrar con su presencia toda clase de almuerzos, cenas y recepciones, con presencia a veces del propio Rey. Pilar tuvo, pues, que hacerse con un vestuario ad hoc. Un vestuario según sus gustos, más bien modestito, ya que en su vida diaria la directora general seguiría llevando sus viejos jeans y el viejo "pull" que tanto avergonzaba a veces a sus amigos. La factura total de sus adquisiciones no era más que calderilla comparada con lo que roban a diario muchos cargos del jodido Estado de derecho español. En toda lógica, Pilar pretendió que fuera RTVE quien abonara sus gastos. Pilar, como toda persona sobresaliente, tenía mucha gente dispuesta a defenestrarla. El más despiadado de sus perseguidores fue aquel obeso notario que se rasgaba a diario las vestiduras pidiendo el despido inmediato de la gran corrupta. Ramallo fue a degüello y consiguió que Pilar perdiera la salud. Murió poco tiempo después de filmar en Barcelona la boda de la infanta Cristina, ya que nunca perdió ni el afecto ni la amistad del Rey. Ahora resulta que el tal Ramallo aceptaba costosos regalos del señor Camacho, el delincuente que hasta ayer dirigía Gescartera. ¿Quién le regala a un notario metido en política relojes de dos millones de pesetas si no es en reconocimiento de algo probablemente inconfesable? No le deseo a Ramallo que nadie le trate con la saña y crueldad con la que él trató a Pilar. No creo que eso le ocurra porque en este país los sinvergüenzas están siempre muy bien arropaditos. Pero sí sigo creyendo que a cada cerdo le llega su San Martín.

En la tercera sesión del juicio oral por este escándalo financiero, que afecta a más de 4.000 inversores con un agujero patrimonial de 50 millones de euros, la juez Carmen González Campos, que preside la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, hizo público el fallo de la Audiencia Nacional sobre las cuestiones previas del juicio oral.

El tribunal sigue así lo propuesto por el fiscal González Mota, que acusó a 14 personas ligadas con Gescartera con Antonio Camacho a la cabeza, y lo dispuesto por la juez Palacios, quien exculpó ya a otras 39 personas contra las que las acusaciones habían presentado cargos y, entre las que figura la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente y el ex presidente del organismo regulador Luis Ramallo, a quienes no se imputó porque ni siquiera se les tomó declaración.

Con este paso, según fuentes jurídicas, se cortan las aspiraciones de buena parte de las acusaciones, que buscan la responsabilidad civil del Estado, y, en concreto, a través de la imputación para el ex secretario de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, así como otras responsabilidades a partir de los representantes de entidades financieras como el HSBC, Bankinter y Deutsche Bank, a pesar de que estuvieron imputados durante la instrucción y están llamados a comparecer como testigos.

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha condenado al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, a 11 años de prisión, la pena máxima solicitada por el Ministerio Fiscal, al considerarle culpable de los delitos continuados de apropiación indebida y falsedad documental por la desaparición de 50,2 millones de euros de la agencia de valores. La sentencia destaca el papel jugado por los principales responsables de Gescartera en la estafa, 'tanto el accionista principal, Antonio Camacho, como el director general José María Ruiz de la Serna, así como del subdirector general, Francisco Javier Sierra de la Flor'.

Según indica, estas tres personas 'de manera coordinada realizaron actuaciones encaminadas a adueñarse de parte de los fondos confiados , a desviarlos de la esfera patrimonial de sus titulares y a desatender los requerimientos de la CNMV en las visitas de inspección que practicaba'.

El fallo otorga a los condenados una responsabilidad civil de más de 87 millones de euros . El tribunal condena también a la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna a 3 años y seis meses de cárcel por complicidad en delito continuado de apropiación indebida.

El dictamen condena al 'número dos' de Camacho, José María Ruiz de la Serna a 10 años y medio de cárcel por delitos de apropiación indebida y falsedad documental, así como al responsable de la comercial de Gescartera Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, a 9 años de prisión por los mismos delitos.

El asesor fiscal de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, y el apoderado de Gescartera, Francisco Javier Sierra de la Flor , fueron condenados a seis años de cárcel por delitos continuados de apropiación indebida.

El veredicto absuelve a la mujer de Camacho, Laura García Morey, al jefe de mantenimiento, Miguel Ángel Vicente, a la administradora única de AGP, Ángeles Leis, al asesor Agustín Fernández Ameneiro, a la contable de Gescartera, Inmaculada Baltar y al considerado testaferro de Camacho, Carlos Pascual Ortín Barrón.

El fiscal pide el ingreso en prisión
Tras la lectura de la sentencia, el fiscal Vicente González Mota solicitó el ingreso en prisión para aquellos acusados que han sido condenados a penas superiores a cinco años. Se trata de Antonio Camacho, José María Ruiz de la Serna, Francisco Javier Sierra de la Flor, Aníbal Sardón y Julio Rodríguez Gil.

El tribunal ha declarado responsables civiles subsidiariarios a La Caixa y Caja Madrid Bolsa, así como a las entidades de Gescartera Gestión, Bolsa Consulting Madrid, Breston, Pormociones Andolini, Asesoría y Gestión de Patrimonios.

La presidenta del tribunal , Carmen Paloma González, leyó hoy el fallo de la sentencia, que cuenta con más de 500 páginas, en las instalaciones de la Audiencia Nacional situadas en la Casa de Campo de Madrid donde se desarrolló el juicio.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para los tres primeros 11 años de cárcel por delitos continuados de falsedad documental y apropiación indebida. El fiscal pidió ocho años de prisión para Giménez Reyna por apropiación indebida.

La sentencia llega siete años después de la intervención de Gescartera por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en junio de 2001, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación.

El macro juicio quedó visto para sentencia el pasado 18 de diciembre, tras tres meses de vista oral y 39 sesiones durante las que declararon los 14 imputados, un centenar de testigos, más de una decena de peritos y 9 altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el juicio estuvieron personadas cerca de 40 acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, los responsables civiles subsidiarios, los partícipes a título lucrativo y perjudicados, lo que sumaron un total de 100 partes personadas. El sumario ocupó 50.000 folios y estuvo instruido por la jueza Teresa Palacios, quien ordenó la apertura de juicio en mayo de 2005.

El estallido del escándalo alcanzó al entonces secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, ambos dimitieron.

Continuamos con el informe-resumen del escándalo financiero del PP, después de la primera entrega.

Una clienta de Gescartera reclamó la devolución de su inversión desde el fax de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.

Tenemos el nombre del diputado anónimo acusado hipócritamente por el PP para quitarse la responsabilidad: Máximo Ramón Díaz Cano del Rey, diputado del grupo parlamentario socialista en el Congreso, nacido en La Solana (Ciudad Real) el 23 de Marzo de 1960. Casado. Dos hijos. Funcionario. Secretario General del PSOE de Cuenca. “Hombre de confianza de José Bono”, puso dinero en Gescartera según el PP, y lo retiró antes de su intervención. Exactamente lo que hicieron los socios del ministro de Agricultura, el obispado de Valladolid, y todos los peces gordos del Partido Popular y su entorno.

Los socialistas se ponen nerviosos a raíz de estas fruslerías y El País publica una foto de Llamazares (IU) conversando con diputados del PP. ¡Alto ahí, no disparen, que los comunistas igual sacan las castañas del fuego a los retorcidos socialistas en las conclusiones finales de la Comisión de Investigación! (evidentemente, que PP y corrupción son términos sinónimos).

Fondo de Inversión Gescartera Global: valor liquidativo el 7 de septiembre de 2001, 2.076.170 euros. En pesetas: 345.445.622. Depositario: Bancoval, el banco que organiza el Torneo de Pádel Bancoval. Gescartera-Bancoval-Pádel-¿siguiente?

Mientras la ONCE no se aclara sobre si invirtió o no en Gescartera, el ex Director General de la Fundación ONCE, José Manuel Pichel, es a la vez consejero delegado de Gescartera Dinero, sociedad participada en un 10 por ciento por la Fundación ONCE. (Esto fue una imposición de las cavernas para que Gescartera pareciese solvente y legal ante la CNMV).

David Vives, hombre cercano al Opus Dei, abandonó la CNMV poco más tarde de descubrir el fraude milmillonario de Gescartera con el Obispado de Valladolid, y se reintegró a su puesto en el Banco Popular. Algunas de las personas que le conocen afirman que pudo recibir algún tipo de indicación de sus superiores en la institución religiosa para no indagar más. Así, la CNMV hizo la vista gorda.

La evidente culpa del Partido Popular en el caso se vuelve a demostrar viendo la lista de comparecientes que piden para la Comisión de Investigación (encabezada por los responsables del chiringuito financiero, seguida por un pelele del PSOE para despistar, y por fin alguno de los auténticos responsables de su propio partido, esos a los que la facción que ha aireado todo esto se quiere quitar de encima).

Informan solventes periodistas de que “hombres y mujeres de confianza del ejecutivo aceptaron sobornos” en el caso Gescartera. Todo esto lo ha levantado el equipo de sucesión alternativo del PP, para evitar que Aznar nombre futuro presidenciable a su propio “tapado”. Por supuesto, a los ciudadanos nos beneficia que los perros se maten a dentelladas, porque acabamos viéndoles las tripas.

Extraído de un foro en Internet: Algunos ministros pagaron a Camacho desviando clientes oficiales y le concedieron marchamo de Agencia de Valores por sacar su dinero negro fuera de España.

Un dietario de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, prueba que su hermano Enrique, ex secretario de Estado de Hacienda, y Director General de Tributos en 1999, intervino ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el expediente sancionador abierto a Gescartera. En el dietario consta también que en esa mediación contó con la ayuda de Pilar Valiente, presidenta de la CNMV.

La ya famosa agenda de Pilar Giménez-Reyna incluye también pruebas de que la Iglesia Católica Española mantiene cuentas B, es decir, dinero negro. Un obispo se apresura a manifestar que una agenda no es algo en lo que haya que creer, como el evangelio. Y el portavoz de la Conferencia Episcopal echa mano de la mayor de las jetas cuando afirma que la Iglesia no necesita mantener cajas B, porque “no pagamos impuestos”.

El presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, aseguró que la decisión de nombrar a Jaime García Morey como asesor de su Gobierno no fue suya sino que alguien de "notoriedad pública" se lo "sugirió" y se lo "pidió".

Dimite la presidenta de la CNMV, y se pide la cabeza de su jefe, Rodrigo Rato, ministro de economía, y la del jefe de Jiménez-Reyna, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Los dos elogian a la dimisionaria.

Todos los testigos que quieren hablar en la comisión de investigación afirman que Camacho era amigo personal del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, afirma que Gescartera es simplemente el caso de la financiación ilegal del Partido Popular. Olvida que es además el caso de la financiación ilegal de los jefes del partido a costa del resto de los ciudadanos.

Estrategias generales: el PP intenta implicar al PSOE con argumentos traídos por los pelos, y le sale la cosa rana. Pero el PSOE no existe y no sabe hincarle el diente al tema. Los demás partidos ni saben, ni contestan. El asunto, claramente un bombazo (ver sucesivos informes), se desinfla. Ibercaja, hasta el cuello y el Heraldo de Aragón no lo publica... porque es de ellos. Pero nosotros seguimos recopilando. (Este mes entran Fraga, Pizarro...) La macroestafa de la derecha recalcitrante lo merece todo...

Luis Ramallo dice que conoció a Antonio Camacho, siendo aún vicepresidente de la CNMV, cuando éste le citó para darle documentación jugosa sobre Radiotrónica. Y al portavoz del PP, Martínez Pujalte, le brillan los ojos cada vez que sale el nombre de la empresa a colación porque piensan enseguida en la PRISA de Polanco, aunque hemos investigado y sólo tienen un 2,5 % de las acciones...

Avánzit, antigua Radiotrónica, obtuvo al cierre del ejercicio 2000 un beneficio neto de 4.808 millones de pesetas (28,89 millones de euros), multiplicando por cinco sus resultados de 1999, cuando obtuvo 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros) antes de la dotación extraordinaria de provisiones realizada por la empresa.

Avánzit Media forma parte de dos consorcios que obtuvieron licencias de emisión de Televisión Digital Terrestre: Onda Seis, que emite para la Comunidad de Madrid, y NET TV, que obtuvo la licencia a finales del 2000 y que emitirá para todo el territorio español a principios del 2002. ¿Cómo?: con la licencia concedida por el PP... porque NET TV es propiedad de la empresa editora del diario ABC y de la productora de Emilio Aragón.

Durante 1999, el grupo Radiotrónica constituyó filiales y comenzó actividad en países como Guatemala, El Salvador , Marruecos y Portugal como parte de la estrategia de ampliación de su plataforma geográfica. Pero Gescartera es otra cosa... y Radiotrónica-Avánzit no saldrá en los noticiarios. Aunque tenga un gran pufo: se han aliado con ellos.

Rodrigo Rato tiene una empresa (Muinmo) financiada por el mismo banco que Gescartera (Hong Kong and Shangai Bank Corporation - HSBC), según ha confirmado él mismo con toda su chulería. Además, esta empresa no fue incluida en la declaración de bienes obligatoria que se presenta al congreso. El diputado socialista en la comisión de inverstigación, López Aguilar, apuntó la posibilidad de que el HSBC concediera el crédito de 525 millones de pesetas a Muinmo "para pagar favores previos" e incluso que desde el Ejecutivo se diera orientación para "tratar con indulgencia a Gescartera". Además, el diputado socialista se refirió a un "interés político para alentar la carrera" de Gescartera y a la presencia de Rato en empresas que mantienen contratos con sociedades públicas pese a estar prohibido por la ley.

Luis Ramallo tiene una hija socia de Antonio Camacho, presidente de Gescartera. Extremo éste ocultado (o sea, que mintió ante la comisión de investigación) por el ex-martillo de socialistas... y actual representante de la cultura financiera de la derecha española.

Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, tiene una esposa con un familiar que retiró el dinero de Gescartera antes de la intervención. La cosa está meridianamente clara: el Partido Popular y el Gobierno Español están implicados en un caso de estafa a gran escala. Y Zapatero mirando al vacío...

El Partido Popular insiste en relacionar Gescartera con el PSOE para quitarse su responsabilidad directa. Ahora se inventan que hay relación entre Gescartera y Filesa (caso de financiación ilegal del PSOE, no como Gescartera, que es caso de financiación ilegal de los miembros del PP), porque una empresa que invirtió en Gescartera tiene un miembro –uno más de esos caraduras que viven de la estafa- que intervino en el caso Filesa. Por esa regla de tres, hay que llevar a juicio a la Iglesia Católica, a la Guardia Civil y a todos los cavernícolas que pusieron su dinero en la Agencia de Desfalcos del PP. No estaría mal, por otro lado...

Primer bombazo (Enrique): Imputada en el caso Gescartera y en prisión desde el pasado 18 de septiembre, declaró ante la juez cómo pidió ayuda a su hermano Enrique (Secretario de Estado de Hacienda) para hacer frente a la inspección que la CNMV abrió en diciembre de 1998; él le dijo que las cosas eran muy graves pero que ella no se preocupara. (Enriquito siempre dijo que no tenía nada que ver con Gescartera).

Segundo bombazo (Pilar): Después contó cómo también Pilar Valiente acudió en ayuda de Gescartera. (Toda la plana mayor del PP ha defendido la limpia y correcta actuación de Pilar Valiente)

Tercer bombazo (Antonio): Pilar Giménez-Reyna le contó también a la juez que su hermano y Antonio Camacho se conocen desde 1995, que fue ella quien pidió a Enrique Giménez-Reyna que concertara una comida entre Pilar Valiente y Antonio Camacho, y que en esa comida, la recién nombrada presidenta de la CNMV mostró mucho interés por la ONCE. (La implicación en la estafa de altos cargos del PP desde antes de su llegada al poder está pues ya confesada ante la juez).

Cuarto bombazo (Luis): Gescartera decidió cambiar de notario y fichar a Luis Ramallo “en septiembre u octubre” de 2000, es decir, antes incluso de que el ex vicepresidente de la CNMV hubiera dejado ese cargo y pudiera acogerse, por una ley que se aprobó precisamente en octubre del pasado año, a la fusión de los cuerpos de corredores de comercio (al que Ramallo pertenecía) con el de notarios. O sea, que Ramallo se convirtió en el notario de Gescartera siendo el número 2 de la Comisión del Mercado de Valores y sin ser todavía notario...

El periódico El Mundo deja de publicar noticias relevantes sobre Gescartera. Todo vuelve a su cauce y si alguien dentro del entramado mafioso del Partido Popular osa mover una ceja, verá comprometido su futuro como conservador recalcitrante recaudador de dinero ajeno. Sólo los polanquistas siguen intentando mantener la noticia viva, pero el nulo apoyo del propio partido que les inspira empieza a resquebrajar la moral de la tropa. ¿Triunfará la ley del silencio? No, aún quedan ministros corruptos a los que helar la sonrisa: y un presidente...

El cantante Jaime Morey declaró en la Comisión de Investigación que no tenía ningún poder en Gescartera. Pues bien, sus poderes (otorgados por el corrupto Ramallo, claro), son: apoderado de Gescartera Dinero AV, apoderado de Gescartera Gestión SGIIC, apoderado de Gescartera Pensiones, apoderado de Gescartera Red Comercial, y apoderado de Gescartera Holding, o sea, que tenía plenos poderes sobre todas las empresas del Grupo Gescartera.

Luis Mardones, presidente de la comisión de Gescartera y diputado de Coalición Canaria, firmó dos escritos en los que solicitaba la declaración de actividades de Rodrigo Rato tanto al Ministerio de Administraciones Públicas como a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi. Mardones firmó estas peticiones como decisiones acordadas en la reunión del día 17 de octubre de 2001. Cinco días después, Mardones anuló estas solicitudes y argumentó que obedecían a un error. La cúpula del PP se lo había ordenado.

El seguro procesamiento por cohecho (soborno) y prevaricación (tráfico de influencias) de Luis Ramallo en el Caso Gescartera desata el temor del PP a la imprevisible reacción de su todavía compañero de filas. Sobre todo ante el riesgo de que pudiera destapar, como mecanismo de defensa propio, otros expedientes -relativos a operaciones de empresas privatizadas- autorizados por la CNMV en la primera legislatura de Aznar. (Por cierto, la notaría de Ramallo ocupa la misma sede que en su día ocupó la notaría de Blas Piñar).

La comparecencia de los ministros Rato y Montoro en la comisión parlamentaria es amañada por el PP y su mayoría absoluta. A diferencia de los demás declarantes, estos dos señores declaran en forma de conferencia. Nada que se parezca a ser imputados en ningún delito, con su tenso interrogatorio. Y para dar la puntilla a la Comisión de Investigación, nada mejor que volver a echar mano de la mayoría absoluta (y van...).

Hay que tener en cuenta las especiales relaciones de amistad y familiares que unen al presidente de la CECA y de Ibercaja con muchos de los personajes vinculados con el caso Gescartera, todos ellos pertenecientes al Consejo de la CNMV al que David Vives acusó de haber votado en contra de la intervención de Gescartera el 16 de abril de 1999. Se ha llegado a decir que Pizarro preparó las intervenciones de varios amigos y un cuñado corruptos en la Comisión de Investigación, aunque luego el entorno del capo turolense lo ha desmentido todo...

Manuel Pizarro estaba llamado a presidir la fallida fusión entre Iberdrola y Endesa a partir del año 2003. Pero Rodrigo Rato la frustró. Desde entonces hay una guerra sin cuartel en torno a Gescartera.

El cantante Jaime Morey comunicó a Manuel Fraga mediante un “Saluda” que había sido nombrado presidente del grupo Gescartera. Don Manuel le contestó a los pocos días con otro Saluda felicitándole. ¿Alguien sabe por qué?... Por otro lado, la todavía empresa estatal Renfe contrató en tres ocasiones a una empresa de Morey por 10 millones de pesetas.

El Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) tiene una sede en Madrid con 138 cuentas de clientes secretos a nombre del British Bank of Middle East en Ginebra (Suiza), que contienen 11.292 millones de pesetas. Gescartera tiene en ese banco dos cuentas abiertas cuyo volumen económico se desconoce. Las cuentas de bancos extranjeros en bancos españoles son supervisadas por el gobierno del país donde está la sucursal del banco extranjero (en este caso, Suiza, y no Reino Unido ni España). Vamos, que Rodrigo Rato, cliente del HSBC, es un ministro legal. No sabemos de qué paraíso fiscal exactamente... Aunque el que parece vivir en el limbo es el Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, que dice que las cuentas cifradas son legales, y su ministro, el honrado Rato, dice que son ilegales...

Además, Francisco José Bauza, socio de Alberto Alonso Ureba, asesor jurídico de Gescartera, y hermano del ex secretario de la CNMV cuando Gescartera no se intervino por orden del Partido Popular, Antonio Alonso Ureba, es consejero desde su creación, del fondo en el que participan las cuentas secretas del HSBC.

Nuestro banco favorito, el Hong Kong and Shangai Bank Corporation, cómplice de Gescartera, fue el que le dio al amigo Zaplana (presidente de la Comunidad Valenciana, del Partido Popular) el crédito para construir su parque de atracciones megalómano que absorbe el agua de la España seca (Aragón). El nombre del parque, Terra Mítica. El importe del préstamo, 6.655 millones de pesetas.

HSBC en España, además de servicios de Banca Personal, también ofrece servicios de Banca Corporativa, Tesorería y Mercados de Capitales, Liquidación y Custodia y Cash Management, con una extensa gama de productos financieros para empresas. Su red de sucursales se compone de cuatro oficinas situadas en: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

El Grupo HSBC, con sede central en Londres, se encuentra entre uno de los tres mayores grupos bancarios del mundo, y es el nº 1 en Europa por capitalización bursátil, con $133.666 millones. HSBC, tiene más de 29.000.000 de clientes en todo el mundo, está presente en 79 países y territorios, cuenta con una red de 6.000 oficinas y con una plantilla de más de 170.000 empleados. En el año 2000, los beneficios antes de impuestos del Grupo HSBC han sido de $9.775 millones.

Enrique Giménez Reyna (el dimitido Secretario de Estado de Hacienda) asesoró fiscal y económicamente a la empresa Aguas de Fuensanta, propiedad de los Rato, en febrero de 1996. El ministro Rodrigo Rato dice que no sabe nada, claro.

Telefónica, a través de su filial Telefónica Publicidad e Información, contrató al banco HSBC (Hong Kong and Shangai Bank Corporation) para una oferta pública de venta de acciones (OPV) en noviembre de 2000. En las dos anteriores ofertas de venta de acciones de la compañía, presidida desde julio de 2000 por César Alierta, ambas registradas en 1999, no se utilizó al que está considerado como tercer banco mundial.

El HSBC, dirigido en España por Jaime Galobart, es un banco que en abril de 1999 salvó a Gescartera de ser intervenida mediante un certificado que aseguraba que se había creado una sociedad de inversión en Luxemburgo que, al final, resultó un fiasco.

El fichaje del HSBC por Telefónica se produjo unas semanas antes de que el banco concediese un crédito de 525 millones de pesetas a la empresa del vicepresidente Rodrigo Rato. ¿Hay que insistir más?

18. Resumen de algunos de los intentos de implicación del PSOE por parte del PP.

Primera mentira (Corcuera): mira que hizo burradas en su día. Pero no, con Gescartera, nada que ver...

Segunda mentira (Máximo Díaz): Al diputado del PSOE se le acusó de invertir en Gescartera y retirar el dinero a tiempo (ver PPGescartera Informe 2).

Tercera mentira (Filesa): Nada que relacionar entre Gescartera y Filesa (ver punto 5 de esta tercera entrega).

Cuarta mentira (José Nevado): Consejero socialista en RTVE, un cuñado de la prima de su portera pasó por delante de la sede de Gescartera... Primero pidieron su dimisión y luego se callaron en la Comisión de Investigación.

Así, varias más. ¿Es normal que el Partido Popular mienta impunemente una y otra vez? Sí.

El banco que avaló desde Londres el crédito a la empresa de Rato fue el mismo que invitó a la plana mayor del PP a presentarse en Londres en vísperas de las elecciones de 1993. Apostó entonces por el PP y le organizó a Aznar y a Rato reuniones financieras al más alto nivel.

Las relaciones entre el HSBC y el PP se prolongaron en el tiempo y en enero del 95, el mismo grupo inversor vuelve a invitar a Rodrigo Rato a participar en un seminario. Aznar asistió también a diversas reuniones con grupos de inversores y autoridades financieras en Enero del 96, también en vísperas electorales.

Según el informe del PP en la Comisión de Investigación, ellos no tienen naaaada que ver, es una simple estafa.

1. Que no existe ni documento ni declaración alguna que implique directamente a miembros del Gobierno en el fraude bursátil. (Mediante la extorsión, el soborno, las coacciones y la tortura psicológica, o sea, utilizando el poder, se consigue esto y más; pero es que sí que hay hechos que demuestran la implicación del PP: ver los Informes sobre Gescartera 1, 2, 3 y 4).

2. Que las auditorías internas elaboradas por el Ministerio de Economía, por el de Hacienda, por la Agencia Tributaria, y por la SEPI concluyen que nadie de estos departamentos favoreció a la empresa de Antonio Rafael Camacho ni cometió comportamiento punible alguno en la tramitación de expedientes que le afectaban. (Evidentemente, las auditorías cuyo auditor es el auditado auditan lo que pide el auditor).

3. Que el caso Gescartera se reduce a una pura estafa descubierta por la Administración y comunicada a la justicia. (Mentira, porque la estafa orquestada por el Partido Popular sale a la luz por iniciativa de su oposición interna y a raíz de la reclamación del dinero por parte de los no avisados).

Las conclusiones de la Comisión de Investigación sí reconocen que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fue engañada «sistemáticamente» por la empresa de Camacho y que el comportamiento del ex director general de Tributos y ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, realizando gestiones para ayudar a la empresa de la que su hermana era presidenta, no es digno de un alto cargo público.

No obstante, entienden que estas claras responsabilidades políticas se agotaron con las dimisiones de Pilar Valiente y Giménez-Reyna, sin que deban alcanzar a miembros del Gobierno, sus superiores, que, según los diputados del PP, en todo momento ha dado muestras de querer llegar al final del caso. (Cuando está claro que ha pasado todo lo contrario).

A Rodrigo Rato le siguen creciendo los enanos: sin haber explicado todavía por qué narices el banco de Gescartera le dio un crédito a su empresa Muinmo, ahora sabemos que a sus 6 emisoras de radio (propiedad de Muinmo, antes Cadena Rato) Repsol les pagó 40 millones de pesetas en publicidad. El responsable final del desproporcionado reparto de la tarta publicitaria de Repsol, es Alfonso Cortina, el presidente de la petrolera, nombrado por Rato antes de su privatización.

La Agencia Especial Tributaria (AET) ha perdonado una multa de 802 millones de pesetas a la Mutualidad de la Policía.

Estos datos figuran en el informe que la AET remitió a la Audiencia Nacional. Fuentes de la investigación señalaron que, según el informe, la condonación de la multa coincidió en el tiempo con el vencimiento de la inversión de la Mutualidad en Gescartera y tras una reunión de Enrique Giménez-Reyna, el entonces director general de la AET, Ignacio Ruiz Jarabo, y representantes de la Mutualidad.

La operativa de Gescartera sólo se puede entender por la impunidad que la empresa de Camacho tuvo al gozar de la protección que se le brindó desde la CNMV, la Agencia Tributaria y el Banco de España. Y ahí radica, precisamente, la responsabilidad política y el delito. No es posible que estos tres organismos se coordinen para mirar hacia otro lado si no hay órdenes directas del gobierno del Partido Popular.

Declaraciones de bienes de los implicados de segunda fila: mentira tras mentira. La expresidenta de la CNMV Pilar Valiente dice que su casa en una urbanización madrileña vale 12,6 millones de pesetas; su piso en el Paseo de La Habana (Madrid), 7,14 millones de pesetas; otro en la calle Darro, 2 millones; un inmueble en un pueblo segoviano, 309.618 pesetas; una casa en Cieza (Murcia) 537.557 pesetas; una finca en la misma localidad, 168.165 pesetas. Sus cinco vehículos valen: 180.000 pesetas (Jaguar XJ); 625.000 (Jeep Cherokee); 17.500 (Renault 4 TL); 35.000 (moto Gucci California 850 cc).

Ramallo declara un chalet en Badajoz, dos pisos en Madrid, un parking, tres coches (Lexus 300, Mitsubishi y Rover), un reloj de oro y un cuadro por un valor total de 9,5 millones de pesetas.

Otra mentira más, ahora de un ministro: Montoro asegura que nunca negó que Giménez-Reyna se interesara por Gescartera.

El Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) ha acelerado el cierre de las 138 cuentas cifradas abiertas en Madrid tras la polémica suscitada al revelar su existencia el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, en la comisión parlamentaria que investiga el caso Gescartera. El saldo que el banco británico, uno de los más grandes del mundo, tenía en estas cuentas, según Caruana, ascendía a 11.292 millones de pesetas. El titular formal de dichas cuentas es el Republic Bank, una filial suiza del HSBC, pero las autoridades ignoran la identidad de los dueños últimos del dinero.

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que sustituye a Teresa Palacios en el caso Gescartera, ha ordenado el bloqueo de las cuentas opacas que el Banco de Hong Kong y Shangai, HSBC, había abierto desde Madrid en Suiza. Este banco británico fue el que concedió créditos a las empresas de la familia Rato por valor de 525 millones, además de estar vinculado a la agencia de valores de Antonio Camacho a través de otras cuentas.

Leyendo la lista completa de depositantes de Gescartera hay quien ha encontrado que el depositante de Gescartera 1.859 Teodoro Bonilla Álvarez, con saldo deudor de 447.400.478 pts. es un humilde sacerdote del pueblecito de Cuenca (de 46 habitantes) 16413 Torrubia del Castillo, como puede verse en la página:
http://www3.planalfa.es/diocesiscuenca/guia%20diocesana/arciprestazgos/san_clemente.htm
(Un saldo deudor de -447 millones, significa lo contrario que:

Con el nombre y los dos apellidos de Antonio Botella Dorta (Director General de Supervisión de la CNMV, que tomó el caso Gescartera después de que su predecesor, David Vives, abogara sin éxito por la intervención de la sociedad por tener evidencias de que Gescartera falsificaba documentos), se puede buscar en Internet información pública, y don Antonio es primo carnal de doña Ana Botella Serrano (esposa del presidente del gobierno), y un hermano suyo (q. e. p. d.) colaboró con el instigador del intento de asesinato de José Cuiña Crespo, consejero de Obras Públicas de la Xunta de Galicia y hasta hace escasos meses el político aparentemente mejor situado para suceder a Manuel Fraga, ver:
http://www.acontrafio.com/cacicadas/cacicadascui%F1a.htm

Julio Rodríguez, representante de la sociedad Hari 2000 y ex contable de Gescartera, es detenido por orden de la juez Teresa de Palacios por emitir talones sin fondos por importe de 3.890 millones de pesetas para la sociedad de valores, que utilizó los talones para evitar una intervención de la CNMV. Este señor enseñó por propia iniciativa las fotocopias de los cheques en la Comisión de Investigación, autoinculpándose de un delito. Muy probablemente, creía que al destaparse la evidente trama política, se libraría de ser juzgado por extender cheques sin fondos... pero el PP es una máquina de ocultar la verdad y funciona aún a pleno rendimiento.

Presentamos el informe del PSOE en Noviembre de 2001, ilustrado con un bonito organigrama de Gescartera en el que aparece Aznar, su señora, seis ministros...:

1. Enrique Giménez-Reyna conoce a José María Aznar desde su época como inspector de Hacienda, carrera que comparte con el Presidente del Gobierno. Las familias Giménez-Reyna y Aznar veraneaban juntas a finales de los 60 en Nerja. Rodrigo Rato nombró a Giménez-Reyna en 1996 Director General de Coordinación con las Haciendas Territoriales y en 1997 Director General de Tributos.

2. Ana Botella es presidenta de Honor de la Fundación Banco de Alimentos de España, que es accionista de Gescartera y también cliente de la sociedad.

3. Rodrigo Rato fue quien autorizó la conversión de Gescartera en Agencia de Valores, atendiendo a los requerimientos de la CNMV. Es igualmente el responsable del nombramiento de Pilar Valiente como consejera primero y como presidenta después, de la CNMV.

4. Enrique Giménez-Reyna, ex-secretario de Estado de Hacienda, asesoró a la familia Camacho desde su despacho de abogados , en el que estaba asociado con los hermanos Zurdo para la puesta en marcha de Gescartera.

5. La agencia de valores Sefisur, en la que Enrique Giménez-Reyna era consejero, fue sancionada por la CNMV por falta muy grave en 1995. Enrique Giménez-Reyna trató de vender Sefisur a Camacho.

6. José María Roldán, que había sido jefe de Gabinete de Rato, fue nombrado por éste consejero de la CNMV y fue contrario a la intervención en el consejo extraordinario del 16 de abril.

7. Las sociedades SAES, CETARSA, pertenecientes a la SEPI, la Mutualidad de la Policía y el Patronato de Huérfanos de la Guardia Civil, hicieron todas ellas inversiones millonarias en Gescartera.

8. José María Aznar, siendo presidente de la Junta de Castilla León, nombró Director General de Economía a Javier Valenzuela, que luego fue el delegado de Gescartera en Valladolid. Con anterioridad había sido condenado por el llamado "Caso de la Minería".

9. Eduardo Zaplana, presidente de la Comunidad Valenciana, contrató a Jaime García Morey, Director General de Gescartera, como asesor musical y artístico. El ex cantante cobraba de Camacho unos 32 millones de pesetas anuales.

10. Jaime García Morey fue autor de la sintonía electoral de AP y ha participado en varias campañas del PP.

11. Luis Merino Bayona, ex senador por UCD, ex alcalde de Málaga y ex parlamentario regional popular, es secretario del consejo de Sefisur. José Luis Ortega Gámez, apoderado solidario de Sefisur, fue concejal popular del Ayuntamiento de Málaga.

12. El Ministerio de Fomento participa, a través de RENFE, en Necsa, una empresa que ha concedido concursos a Cantábrico Producciones, propiedad de Jaime García Morey.

13. Francisco José Bauzá es el vicepresidente de HSBC Private Equity Spain, el banco de Gescartera . A su vez, Bauzá es compañero de bufete de Alberto Alonso Ureba, hermano de Antonio Alonso Ureba, ex Secretario de la CNMV.

14. El Arzobispado de Valladolid era el principal inversor en Gescartera Valladolid. Retiró la inversión justo antes de la intervención.

15. Obras y Misiones Pontificias tenía como administrador a José María Castro, que fue despedido –previa indemnización de 21 millones de pesetas – por "gestiones contables incorrectas". Pasó luego a ser responsable comercial de Gescartera.

16. La Fundación ONCE pasó a tener el 10% de Gescartera, lo que, según la CNMV, dotaba de honorabilidad y solvencia a la empresa para ser elevada a Agencia de Valores. Además de entrar en el accionariado, José María Pichel, director general de la Fundación ONCE, era nombrado consejero delegado de la sociedad.

17. En 1995, Enrique Giménez-Reyna fue nombrado director de asuntos fiscales de la Confederación Española de Fundaciones, en la que la Fundación ONCE es socio relevante.

18. José María García Tejerina era el responsable de Gescartera en Valladolid, y hermano de la Secretaria General de Agricultura del Ministerio de Agricultura, María Isabel García Tejerina.

19. Alberto Alonso Ureba es hermano del que fue Director General del Servicio Jurídico de la CNMV y Secretario de su Consejo (Antonio Alonso Ureba) y primo del actual Director General de Entidades del Mercado de Valores de la CNMV, Juan Carlos Basallote Ureba. Alberto Alonso Ureba y Bauzá eran los asesores jurídicos y fiscales de Gescartera. Bauzá, además, es Vicepresidente del HSBC.

20. Antonio Botella, actual director general de Supervisión de la CNMV es, según declaraciones de Antonio Camacho, amigo personal y principal interlocutor de Gescartera en la CNMV. Sustituyó a David Vives, que había redactado el informe favorable a la intervención de Gescartera.

21. Las relaciones de Pilar Valiente y de Luis Ramallo con Gescartera son diversas. La ex-presidenta de la CNMV comió , al menos , dos veces con Camacho. En ambas reuniones estuvo presente el entonces Secretario de Estado de Hacienda, y en una de ellas, además, su hermana Pilar Giménez-Reyna, presidenta de Gescartera. Aceptó, además, regalos de la Sociedad. Luis Ramallo actuó al menos 16 veces como notario de Gescartera e intermedió sin éxito en la venta de la sociedad a un banco alemán. Ramallo recibió regalos diversos de Camacho, como él mismo ha reconocido. También los recibieron los Giménez-Reyna y Botella. Actualmente, la fiscalía anticorrupción estudia si hay cohecho en el comportamiento del ex diputado y ex vicepresidente de la CNMV.

22. El general Antonio Blanes, Subdirector general de la Guardia Civil, tiene como colaborador al coronel José Giménez-Reyna. Es Blanes quien preside el Consejo que decide la inversión de la Asociación Pro-huérfanos de la Guardia Civil en Gescartera. La inversión fue de, al menos, 400 millones de pesetas.

23. La documentación utilizada en la instrucción del sumario – muy especialmente el dietario de Pilar Giménez-Reyna – demuestra que Pilar Valiente y Enrique Giménez-Reyna tenían constancia al instante de los intentos de una parte de la CNMV (especialmente el que fue presidente, Juan Fernández-Armesto y David Vives) de intervenir la sociedad. La propia Pilar Valiente ha descrito a Enrique Giménez-Reyna como "compañero y amigo personal".

24. Durante la presidencia de Juan Fernández-Armesto, la CNMV vivió una severa división, debida en gran parte a los efectos colaterales de las operaciones de Telefónica y de Juan Villalonga. Respecto a Gescartera no se pudo intervenir la sociedad por la oposición de Luis Ramallo, Pilar Valiente y José María Roldán. Durante su mandato, y en una misma reunión del Consejo, se sancionó y se elevó el rango a Gescartera.

25. Además de ser novios, Antonio Camacho y Laura Morey participan juntos en las sociedades Dacna y Colombo. La hija del ex-cantante y asesor musical de Zaplana es administradora única de ambas.

26. Angel Malpartida, hijo de Pilar Giménez-Reyna, fue quien puso en contacto a Aníbal Sardón, responsable de AGP, con Gescartera. AGP era una importante red comercial de Gescartera que captó unos 3.000 millones de pesetas para la sociedad.

27. El servicio de Seguridad Social de la Armada, dependiente del Ministerio de Defensa, invirtió 300 millones en Gescartera.

28. Tras prestar sus servicios en la CNMV, Antonio Alonso Ureba pasó a ser secretario del Consejo de Telefónica, llamado personalmente por el nuevo presidente, César Alierta, sustituto del defenestrado Juan Villalonga. El propio Antonio Alonso Ureba ha declarado que, antes de la llamada, no conocía a César Alierta.

29. Arias Cañete ha figurado como vocal en dos sociedades (Italcar España y Cebingo) que habían sido dirigidas por uno de los principales inversores en Gescartera, Cristóbal Serrán Pagán, y que ahora están en manos de su hermano Pedro. Éste preside también ahora Tecnijuego, otra empresa en la que Arias Cañete ha sido vocal. La inversión fue retirada casualmente semanas antes de que estallara el escándalo.

30. Jaime Pérez Renovales fue abogado del Estado en la CNMV y era, según Fernández-Armesto, quien tendría que haber preparado la "maquinaria" para la intervención. Posteriormente fue agraciado por Rato con el nombramiento como jefe de su Gabinete. Pérez Renovales ha reconocido haber asistido al menos a dos reuniones con los responsables de Gescartera.

31. Varias instituciones de la Iglesia Católica invirtieron en Gescartera cifras millonarias.

32. Isidoro Hernández Sito, ex diputado del PP, dirige la empresa pública Cetarsa. Cetarsa (Compañía Española de Tabaco en Rama) utilizó en 1997 Link Securities, que tuvo participación de Antonio Camacho, para invertir en Bolsa cantidades superiores a los 1.000 millones de ptas. Miguel Ramírez, presidente de Mercasa y también ex diputado del PP, eligió igualmente Link Securities para comprar un elevado paquete de acciones de empresas azucareras.

33. Muinmo S.L., una empresa de la familia Rato, en la que el vicepresidente tiene, junto a sus hermanos, la propiedad de las acciones "en términos prácticos", como él mismo ha reconocido, recibió un crédito de más de 500 millones de pesetas del HSBC, el banco de Gescartera.

34. Fue Caja Madrid quien destapó el escándalo Gescartera cuando denunció la existencia de un tampón falso de la entidad. Sólo cuando la denuncia estaba en manos de la Justicia, se produjo la intervención de la sociedad por parte de la CNMV. Gescartera se movía de un banco a otro cuando se le solicitaba información. Los bancos con los que operó en uno u otro momento la sociedad de valores fueron HSBC, Bankinter, Deutsche Bank, Caja Madrid y La Caixa. El HSBC acompañó a Gescartera durante toda su historia y es el banco que colaboró de manera necesaria en los engaños de la sociedad. En cuanto a La Caixa, Gescartera falsificó certificados que la CNMV dio por válidos.

35. La Agencia Tributaria no cerró cuatro inspecciones que había iniciado a Gescartera.

36. Lourdes Gutiérrez, prima de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, invirtió en Gescartera y retiró su inversión antes de la intervención de la sociedad de valores.

38. Jaime Caruana, que fue consejero de la CNMV, ha reconocido que existen cuentas cifradas y opacas en el HSBC.

39. Simón Vila es el director general de Industrias Agroalimentarias del Ministerio de Agricultura. Su esposa es C. Morientes, directora general de Cetarsa, empresa de la SEPI que invirtió en Gescartera.

40. El código ético del PP establece que los candidatos del PP asumirán el compromiso de "rigurosa dedicación" a la tarea pública encomendada y obliga a los candidatos a presentar una declaración de bienes. Esta declaración "deberá hacerse pública cuando fueran requeridos para ello por el partido porque haya sido puesta en entredicho la integridad de su comportamiento." También dice que "será motivo de expulsión inmediata del partido, la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público para obtener lucro, trato de favor personal o beneficio para sí o para otros."

¿El Partido Popular ha dejado de existir? No, y además sigue en el poder en España, cada vez con mayor chulería. Por lo tanto, su estafa en forma de Agencia de Valores tampoco ha desaparecido. Mientras exista el partido de José María Aznar y sus secuaces, seguirá existiendo la corrupción de guante blanco, es decir, la acumulación de dinero en manos de un grupo de energúmenos mediante el saqueo, el engaño y el delito impune.

Así, en Enero de 2002, podemos seguir desgranando la trama mafiosa de Gescartera:

1. El ecónomo del Arzobispado de Valladolid, Enrique Peralta, ingresó 100 millones de pesetas en efectivo como aportación inicial a Gescartera.

Así lo demuestra el contrato de gestión que firmaron la diócesis vallisoletana y la agencia de valores de Antonio Camacho el 23 de agosto de 1996. El contrato demuestra que Peralta mintió ante el Congreso y ante la jueza Teresa Palacios, ya que en ambas ocasiones declaró que el contrato inicial era de 15 millones, aportados mediante un cheque al portador. El ingreso de 100 millones en efectivo abre nuevas dudas sobre el origen del dinero del arzobispado.

Enrique Peralta puso énfasis, durante sus manifestaciones ante la comisión de investigación del Congreso y ante la jueza Teresa Palacios, en aclarar que los ingresos periódicos del arzobispado en Gescartera se realizaban mediante cheques. De ser cierta esta versión, el dinero procedería de cuentas de la Iglesia en entidades bancarias y se descartaría la existencia de dinero negro o la posibilidad de que los titulares de los fondos fuesen personas ajenas al arzobispado, dos hipótesis barajadas por el PSOE y por Izquierda Unida en la comisión parlamentaria.

Según un estudio de la oposición, la Televisión Pública ha censurado hasta ahora cincuenta (50) noticias relacionadas con el caso Gescartera...

Las investigaciones de los peritos a partir de las pruebas documentales aportadas al caso Gescartera confirman provisionalmente la salida de miles de millones de pesetas de los fondos de la sociedad por dos vías: un fondo de inversiones en Luxemburgo de 5.000 millones de pesetas y varias extracciones de dinero con talones al portador.

4. Dos nuevos imputados en el caso Gescartera

La juez Teresa Palacios toma declaración a dos nuevos imputados en el caso Gescartera. Se trata de Ignacio Sánchez Fernández y su hija, María Elena Sánchez Cabrera, a quienes los investigadores atribuyen la función de presuntos colaboradores del también imputado Julio Rodríguez Gil. Ignacio Sánchez y su hija proporcionaron a Rodríguez Gil, a cambio de cuantiosas comisiones, identidades de testaferros que los responsables de la sociedad de valores pudieron utilizar para enmascarar operaciones ilícitas. Gescartera buscó estos testaferros para blanquear dinero entre camareros de un bar de copas de Madrid y jóvenes desempleados.

PSOE, IU, PNV y grupo Mixto entregan al fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, el documento que han elaborado con los falsos testimonios, contradicciones y mentiras en los que han incurrido algunos de los comparecientes de la comisión. Los que más sospechas han suscitado son, además de los principales cargos públicos dimitidos (Enrique Giménez Reyna y Pilar Valiente), el ex cantante Jaime Morey (ex director general de Gescartera Holding que aseguró ser sólo el "padre de la novia"), el ecónomo del Arzobispado de Valladolid, Enrique Peralta, y el ex secretario del Consejo de la CNMV fichado después por César Alierta para Telefónica, Antonio Alonso Ureba.

El actual presidente de Telefónica, César Alierta, fue antes presidente de Tabacalera. Pues bien, su sobrino compró y vendió acciones de Tabacalera en esos momentos (1997), a nombre de una empresa de su propio tío, el presidente (a nombre de su mujer, claro). Ganó 309 millones de pesetas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores abrió una investigación sobre el tema en 1998, pero no se encontraron pruebas de que hubiese información privilegiada (claro está). La trama es calcada a la de Gescartera. Incluso tiene los mismos protagonistas: los chorizos del Partido Popular, en este caso el tal Alierta.

En el capítulo 4 de este culebrón ya adelantábamos que el párroco de Torrubia del Castillo (46 habitantes) y Castillo de Garcimuñoz (Cuenca), era un implicado (que se hacía la víctima) del caso Gescartera. Ahora se sabe además que es un amigo personal de Antonio Camacho, y que compartían titularidad en una cuenta de Bankinter, a la que se desviaba dinero de los clientes. La CNMV detectó una transferencia irregular de 95 millones a esta cuenta, pero nunca investigó al respecto. El cura se excusa diciendo que querían crear una fundación a beneficio de los sacerdotes jubilados...

La Conferencia Episcopal respalda al Arzobispado de Valladolid en su negativa de entregar a la juez la documentación requerida, amparándose en el concordato de España con la Santa Sede. Según ellos, los documentos de la Iglesia son secretos, y nadie puede verlos. Así es muy fácil robar... Mientras, la oposición solicita al fiscal general que intervenga en este caso. Ya pueden esperar sentados.

Siguen prestando declaración personas relacionadas con el Caso Gescartera en la Audiencia Nacional. Muchos de ellos entran en la sala como testigos y salen como imputados... ¿Será que, a más culpables, más diluida la responsabilidad del Gobierno de Aznar?

Por otro, lado, empiezan las excarcelaciones: la primera, Pilar Giménez-Reyna. ¿Acabará alguien en la cárcel al final de todo esto?: algún pringao, ya lo veremos...

8 de febrero 2002
El apoderado y consejero de Gescartera Javier Sierra de la Flor, imputado en el caso que se instruye en la Audiencia Nacional, reconoce haber firmado en blanco numerosos cheques al portador por un importe global de unos 6 millones de euros, pero afirma desconocer el destino del dinero que se cobró directamente en la ventanilla de la sucursal de La Caixa de Majadahonda (Madrid).

11 de febrero 2002
La auditora Deloitte & Touche anuncia que recurrirá la sanción de 540.000 euros que le ha impuesto el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiende del Ministerio de Economía, por infracción administrativa en su auditoría sobre las cuentas de Gescartera del ejercicio 2000.

12 de febrero 2002
Teresa Palacios ordena el embargo de las cuentas bancarias del representante legal de Hari 2000, Julio Rodríguez Gil, asesor fiscal de clientes de la agencia y en prisión preventiva desde el pasado 30 de noviembre.

14 de febrero 2002
Luis López Sanz, el teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, es el favorito para cubrir la vacante de la plaza de Miguel Comenero recién elegido por el CGPJ magistrado de la Sala II en la Fiscalía del Tribunal Supremo. El actual representante del Ministerio Público en la instrucción del caso Gescartera es el más antiguo en el escalafón, de una lista de aspirantes a la plaza que llegará a la mesa del Consejo Fiscal el martes 19 de febrero.

15 de febrero 2002
La contable de Gescartera, Angeles Leis, imputada en el caso señala en su declaración que en la caja fuerte de la agencia de valores "no había dinero", ya que "normalmente" Antonio Camacho, "lo recogía el mismo día" en que era depositado.

El portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Jesús Caldera manifiesta en rueda de prensa que, de la declaración judicial de la secretaria de Camacho, Begoña Alandi, se desprende que el ex secretario de Estado "mintió una y otra vez en el Parlamento", puesto que "siendo secretario de Hacienda de Aznar, visitaba frecuentemente a Camacho y seguramente concertaba con él las operaciones que tenía que desarrollar".

18 de febrero 2002
Teresa Palacios cita como imputado al chófer de Antonio Camacho. La comparecencia tendrá lugar el próximo jueves, día 21. Esta persona tenía que haber declarado como testigo la semana pasada, pero se suspendió al levantarse el secreto sumarial de una serie de documentos relacionados con él.

Teresa Palacios cita mañana a José Sanz Guijarro, chófer de Antonio Camacho, al que le ha cambiado la condición de testigo a imputado. También declarará la secretaria personal del dueño de Gescartera, Alicia Gómez Serrano, que acudirá al juzgado como testigo.

Guijarro se encargaba de cobrar talones al portador en la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid) y de llevar el dinero bien a las oficinas de la agencia de valores o al propio Camacho.

Teresa Palacios decreta la libertad bajo fianza de 180.303 € (30 millones de pesetas) para Pilar Giménez-Reyna, al estimar un escrito presentado por su defensa en el que solicitaba su excarcelación. El teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz, se opone, pero la magistrada considera que en la instrucción del "caso Gescartera" no aparece de momento que la imputada "haya participado de forma directa en esa salida de fondos de miles de millones".

El auto dictado por Teresa Palacios impone a Giménez-Reyna la obligación de acudir a la Audiencia Nacional dos veces al mes.

Los grupos parlamentarios de la Comisión de Investigación cerrada en falso por el Gobierno (Socialista, Federal de Izquierda Unida, PNV y Mixto) siguen trabajando para que el Caso Gescartera: he aquí el TEXTO COMPLETO del documento donde acusan de posibles prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, cohecho y, de falso testimonio ante las Comisiones de Investigación del Congreso de los Diputados.

“El cúmulo de decisiones incorrectas del Consejo de la CNMV a partir de abril de 1999, sólo puede ser explicado si se acepta la existencia de una trama de relaciones políticas y personales entre altos cargos del Gobierno, responsables de GESCARTERA y miembros del Consejo de la CNMV que actuaron de forma coordinada para beneficiar los intereses de GESCARTERA.”

AL FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN

Don Juan Fernando López Aguilar, Diputado por Las Palmas, Don Antonio Cuevas Delgado, Diputado por Sevilla, Doña María Teresa Costa Campí, Diputada por Barcelona, Don Angel Martínez Sanjuán, Diputado por La Rioja, con Don José Luis Centella Gómez, Diputado por Málaga, Don Pedro María Azpiazu Uriarte, Diputado por Vizcaya, y Don Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado por Barcelona, en el Congreso de los Diputados, todos ellos miembros de los Grupos Parlamentarios que firmaron votos particulares a las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre GESCARTERA, ante esa Fiscalía comparecen y como mejor en Derecho proceda DICEN:

Que atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5 y 18 ter. de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ponen en conocimiento de esa Fiscalía Especial los hechos que a continuación se relacionan, por si los mismos fueran constitutivos de los delitos de prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, cohecho y, de falso testimonio ante las Comisiones de Investigación del Congreso de los Diputados, por parte de sus responsables,

El 2 de junio de 2001, Caja Madrid presenta ante los Tribunales de Justicia una denuncia por la falsificación de unos tampones de esta entidad, en un documento en el que se detallaba la situación contable de la Agencia de Valores GESCARTERA.

El 14 de junio de 2001 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV) interviene GESCARTERA (y sociedades del Grupo), cuando ya han desaparecido al menos 18 mil millones, de pesetas de los fondos depositados por los inversores.

En días posteriores se tiene conocimiento público de estos hechos así como de las peculiares circunstancias en las que se han desarrollado los acontecimientos: presunto trato de favor a GESCARTERA por la CNMV, relación de parentesco del Secretario de Estado de Hacienda, D. Enrique Giménez-Reyna con la Presidenta de GESCARTERA, Dª Pilar Giménez-Reyna, aparición de listados de inversores entre los que se encuentran entidades dependientes de varios Ministerios como el Servicio de Seguridad Social de la Armada, la Mutualidad de Previsión Social de la Policía, la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil y empresas públicas vinculadas a la SEPI como CETARSA y SAES, junto a Diócesis, congregaciones religiosas y ONGs dependientes de la Iglesia Católica que, en algunos casos, retiraron el dinero con antelación a la intervención.

Apertura en la Audiencia Nacional de unas diligencias penales contra determinadas personas y directivos vinculados a GESCARTERA, por la desaparición de los fondos de sus clientes.

Ante el conocimiento de estos hechos, con fecha 3 de agosto de 2001, setenta y ocho Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 72 del Reglamento del Congreso de los Diputados, solicitaron la creación de una comisión de investigación sobre el funcionamiento de la CNMV y las actuaciones de los Ministerios de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas, Interior y Defensa, todo ello en relación con la Agencia de Valores GESCARTERA (y Sociedades del Grupo) intervenida el 14 de julio de 2001 por la CNMV.

Al amparo del mismo artículo del Reglamento, el 6 de agosto de 2001, los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, solicitaron la creación de una comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas que pudieran existir en el caso GESCARTERA.

Por último, el 27 de agosto de 2001 los Grupos Parlamentarios, Popular, Catalán (CiU) y de Coalición Canaria solicitaron también la creación de una Comisión de Investigación sobre GESCARTERA.

Las citadas solicitudes se debatieron conjuntamente en el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 6 de septiembre de 2001, que acordó la creación de una Comisión de Investigación sobre GESCARTERA (se acompaña a este escrito el acuerdo del Pleno de 6 de septiembre de 2001) (BOCG, Serie D, núm. 225, DE 7 DE septiembre de 2001), con, entre otras, las siguientes características:

“…analizar el funcionamiento de la CNMV y otras administraciones en relación con GESCARTERA, su comportamiento, su eficacia en la detección de irregularidades y los motivos de la última intervención; … la actuación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Hacienda en relación con el Grupo GESCARTERA… analizar la existencia de información privilegiada; … posibles irregularidades en la captación de inversiones públicas o privadas; … cualquier otro comportamiento irregular de personas jurídicas o físicas, públicas o privadas que pudieran deducirse al hilo de la investigación…”.

La Comisión se constituyó el 7 de septiembre de 2001 y sus Conclusiones fueron aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión de 15 de noviembre de 2001, publicándose éstas junto con los votos particulares mantenidos por los diferentes Grupos Parlamentarios en el BOGC, Serie D, núm. 270, de 27 de noviembre de 2001 (se acompañan a este escrito los votos particulares presentados por los distintos Grupos Parlamentarios).

Los votos particulares presentados por los Diputados y Diputadas representantes de los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, PNV y Mixto (se acompañan a este escrito los referidos votos particulares) consideran en términos generales que, a partir de los trabajos desarrollados por la Comisión de Investigación –comparecencias y diversa documentación aportada-, ha quedado probado que:

Respecto de las actuaciones de la CNMV en relación a GESCARTERA: El funcionamiento de la CNMV en relación con el Grupo GESCARTERA, entre 1993 y 1998 fue, en términos generales adecuado y estuvo sometido a criterios técnicos. Tanto en 1993 como en 1997, la CNMV no fue favorable a la transformación de GESCARTERA en Agencia de Valores. A partir del año 1999 las relaciones entre el Consejo de la CNMV y GESCARTERA varían sustancialmente. Se adoptan decisiones que perjudican a los intereses generales y benefician a GESCARTERA. Existe una clara relación entre esta nueva actitud del Consejo de la CNMV y los cambios de Consejeros que se producen en su seno.

La actuación de supervisión de GESCARTERA, iniciada a principios de diciembre de 1998, demostró que esta sociedad estaba operando con dinero de sus clientes desde cuentas a su nombre; utilizando una cuenta global de clientes con claro incumplimiento de la normativa vigente; que existían ya entonces falseamientos de extractos bancarios, que existía un desfase contable entre aportaciones y justificación de cartera y efectivo superior a 4.500 millones de pesetas; que GESCARTERA reintegró fondos a un cliente -Arzobispado de Valladolid- con recursos procedentes de aportaciones de otro cliente, lo que no está permitido a las sociedades gestoras de cartera, y que la actitud obstruccionista de GESCARTERA respecto de los requerimientos de la CNMV imposibilitaba conocer la situación real del patrimonio gestionado de los clientes de la sociedad.

En coherencia con la situación detectada, el Consejo de la CNMV acordó (en sendas reuniones de 6/04/1999 y 16/04/1999) incoar expediente sancionador a GESCARTERA y a sus directivos por la comisión de tres presuntas infracciones muy graves. Sin embargo, en la reunión del Consejo de 16/04/1999, a pesar de que se producían las condiciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y, de la propuesta de intervención formulada por el Director General de Supervisión (se acompaña copia del informe del Sr. Vives, Director de Supervisión de la CNMV), un sector del Consejo de la CNMV (el VicePresidente Sr. Ramallo, los Consejeros Sra. Valiente y Sr. Roldán junto con el Secretario del Consejo, Sr. Alonso Ureba, este último sin voto) se opuso a tal propuesta y, apoyándose en su mayoría y en la posición del Consejero externo Sr. Martín, consiguió que no prosperase la propuesta de intervenir GESCARTERA contra el criterio técnico del Director de Supervisión, Sr. Vives, y de las opiniones del Presidente Sr. Fernández-Armesto y del Consejero Sr. Barberán.

El hecho de que en el acta del Consejo de 16 de abril de 1999 aparezcan los acuerdos por unanimidad, responde a un criterio de imagen del propio Consejo pero no refleja la realidad del debate y de las propuestas realizadas. La decisión de intervención de GESCARTERA estaba justificada, según criterios técnicos y jurídicos, en la medida en que se detectaron irregularidades contables y de otro orden que impedían conocer la situación real de los fondos aportados por los clientes; subsidiariamente, si se hubiese querido evitar el riesgo jurídico asociado a la intervención, la decisión pertinente, a la vista de las causas que motivaron la incoación de los expedientes sancionadores, era la suspensión de las actividades de la sociedad. Esta decisión de no intervención, que influirá decisivamente en los comportamientos posteriores de los actores, supuso un claro respaldo a las prácticas irregulares de los directivos de GESCARTERA, perjudicó a los intereses de sus clientes, impuso un criterio en detrimento del trabajo y esfuerzos realizados por los servicios técnicos de la CNMV y reflejó una ruptura en el seno del Consejo. En los días inmediatamente anteriores a la reunión del Consejo de 16 de abril de 1999 se produjeron contactos entre altos cargos del Gobierno, de la CNMV y directivos de GESCARTERA con la presunta finalidad de frenar el proceso que conducía a la decisión de intervenir la sociedad.

En julio de 1999, el Director de Supervisión, Sr. Vives, es relevado del expediente GESCARTERA y se nombra un nuevo equipo (Sres. Botella y Pérez Renovales) que modifica la fecha de referencia anterior (30/11/98) del Informe sobre la situación de GESCARTERA, lo que obliga a reiniciar los trabajos de comprobación de la situación de los fondos aportados por los clientes.

Además se detectan, en la fase inmediatamente anterior, relaciones privilegiadas entre GESCARTERA y el Secretario del Consejo Sr. Alonso Ureba que se traducen, tanto en el rechazo de los criterios técnicos del Sr. Vives, como en la existencia de una red de protección a los intereses de GESCARTERA en el seno de la CNMV. Las actuaciones de supervisión realizadas por el nuevo equipo a finales de 1999 y en abril de 2000, acabaron con informes favorables sobre la situación de GESCARTERA, en la que no se detectaron la existencia de certificados falsos emitidos aparentemente por entidades financieras sobre los saldos mantenidos por los clientes de GESCARTERA. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida sobre GESCARTERA, resulta sorprendente que el equipo de supervisión dirigido por el Sr. Botella no requiriese a las entidades financieras para comprobar la veracidad de los certificados aportados por esta sociedad; sorprende igualmente que no se realizara una investigación sobre el origen y titularidad de los fondos aportados. El comportamiento descrito sugiere la existencia de connivencia entre altos directivos de la CNMV y la dirección de GESCARTERA. Los citados informes del equipo de supervisión sirvieron de soporte argumental para que el Consejo de la CNMV, en su reunión de 13 de julio de 2000, resolviera el expediente sancionador rebajando la naturaleza de las infracciones —de muy graves a graves—, sobreseyendo el expediente respecto de algunos de los directivos y, lo que es más relevante, sobreseyendo el expediente respecto de la infracción consistente en no cumplir las obligaciones de custodia de los fondos y valores confiados por los clientes. Esta resolución del expediente resulta contradictoria con los hechos conocidos y sólo se explica por la existencia de una voluntad concreta de beneficiar a GESCARTERA.

El nuevo enfoque respecto del expediente sancionador permitió que el expediente de transformación en agencia de valores no tuviera que abordar el problema de la honorabilidad de Doña Pilar Giménez-Reyna, cuya conducta presuntamente infractora (según el expediente incoado en abril de 1999) fue sobreseida en el expediente sancionador posibilitando, así, que fuese designada Presidenta de GESCARTERA. El resto de los elementos necesarios para lograr la apariencia de cumplimiento de los requisitos legales para la transformación en agencia de valores, fueron aportados mediante un informe favorable del Sr. Martínez Pardo en el que se contienen, al menos, las siguientes irregularidades:

1. No aporta elementos objetivos respecto de la honorabilidad de todos los directivos y accionistas de GESCARTERA, olvidando, de forma inadmisible, que el Sr. Camacho continuaba siendo el máximo accionista de GESCARTERA, agencia de valores.

2. No contrasta mediante un informe o consulta adicional los datos referidos a la situación de los fondos aportados por los clientes de GESCARTERA,

3. No confirma con los responsables de la ONCE y su Fundación sus aparentes intenciones de constituirse en el accionista de referencia del grupo GESCARTERA adquiriendo el 25% del capital de GESCARTERA Holding 2000 y el 10% de GESCARTERA DINERO, además de asumir importantes responsabilidades en los órganos de gobierno de tales sociedades.

4. Y no comprueba la estructura real de poderes en el seno de GESCARTERA para verificar que los Sres. Camacho y Ruiz de la Serna habían sido alejados de las responsabilidades de gestión.

Es necesario señalar también que el contenido de la Orden del Ministerio de Economía de 1 de septiembre de 2000 por la que GESCARTERA se transforma en agencia de valores se aparta claramente y de forma inexplicable del acuerdo del Consejo de la CNMV (13 de julio de 2000) en lo que se refiere al número y naturaleza de las condiciones exigidas a esta sociedad en relación con la presencia de la Fundación ONCE en su capital y órganos de gobierno.

Esta contradicción entre el contenido del acuerdo del Consejo de la CNMV (13 de julio de 2000) y de la orden del Ministerio de Economía (1 de septiembre de 2000) queda reflejada en el expediente de inscripción de GESCARTERA en el correspondiente registro administrativo de agencias de valores. En este caso, el Sr. Basallote propuso al Vicepresidente de la CNMV la inscripción de GESCARTERA cometiendo, al menos las siguientes irregularidades:

1. Da por buenos los argumentos de GESCARTERA sobre las condiciones exigidas de participación de la Fundación ONCE rechazando, de forma inadmisible, el contenido del informe del Sr. Martínez Pardo que sirvió de base para el acuerdo del Consejo de la CNMV (13 de julio de 2000) sobre la transformación en agencia de valores.